La Séptima Papeleta surgió en 1990 como una iniciativa estudiantil, en medio de una crisis marcada por narcotráfico, terrorismo y violencia. Más de cinco millones de colombianos respaldaron una Asamblea Constituyente y el país abrió la puerta a una transformación política decisiva.
Cuando inicié mi práctica periodística, entrevisté a constituyentes vallecaucanos que hablaban con optimismo sobre descentralización, derechos fundamentales e inclusión. La Asamblea reunió voces diversas y mostró que era posible conversar entre sectores enfrentados.
Un nuevo vínculo entre Estado y ciudadanía
La Constitución de 1991 garantizó derechos fundamentales mediante la tutela, fortaleció la descentralización, abrió espacio a nuevos movimientos políticos y reconoció el carácter pluriétnico y multicultural de Colombia.
Sus avances conviven con retos de implementación: regiones con pocos recursos, mecanismos de participación debilitados, un sistema político fragmentado y un acceso a la justicia sobrecargado.
El reto no es borrar al otro, sino recuperar la capacidad de encontrar puntos en común.
Hace décadas, liberales, conservadores, exguerrilleros y nuevos movimientos compartieron una mesa. Esa capacidad de construir consenso sigue siendo una de las lecciones más necesarias para el presente.